Oct 15, 2026

«El mayor acuerdo petrolero de la historia»

El acuerdo de Trump sobre Venezuela conlleva grandes promesas y plantea importantes interrogantes.

Emily Smith Llinas / AAPG Explorer

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Geopolítica, América Latina y el Caribe

A finales de Agosto, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el «mayor acuerdo petrolero de la historia»: un pacto que otorga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de petróleo de Venezuela, ampliando así las reservas actuales de petróleo y gas natural de EE. UU. —estimadas en 46.000 millones de barriles en 2024, según la Agencia Internacional de Energía—.

Tres días después, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, firmaron el acuerdo con North American Blue Energy Partners (NABEP), una compañía petrolera de capital privado con sede en Barbados.

La producción de petróleo de NABEP, estimada en unos 180.000 barriles diarios (156.000 bpd según reportó esta semana El Taladro Azul), solo es superada por la de Chevron, cuya producción promedia los 200.000 barriles diarios (274.000 bpd según ETA).

La Casa Blanca ofreció detalles adicionales 

Según el informe, la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono adquiere una participación del 35 % en la empresa matriz de NABEP, el Departamento de Estado de EE. UU. tiene derecho a comprar el 20 % de la producción a precio de costo y NABEP se compromete a invertir hasta 100.000 millones de dólares en nuevas infraestructuras. El acuerdo se rige por la legislación estadounidense y está sujeto a la jurisdicción de los tribunales de EE. UU.

La Casa Blanca celebró el acuerdo con la siguiente declaración: «Este acuerdo garantiza nuestro dominio energético para el próximo siglo, y todo ello sin costo alguno para Estados Unidos».

La presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó el acuerdo de «histórico» y afirmó que generaría 100.000 millones de dólares en inversiones y 200 millones de dólares en ingresos fiscales para Venezuela.

Escépticos

A pesar del optimismo público mostrado por ambos presidentes, el acuerdo también suscitó dudas y críticas. Poco después de la firma, surgieron interrogantes sobre NABEP y su controvertido líder, Alejandro Betancourt López, un caraqueño de 46 años que ha hecho negocios con el gobierno venezolano desde la época en que el fallecido presidente Hugo Chávez gobernaba el país, a principios de la década de 2000.

Betancourt es uno de los varios empresarios jóvenes apodados «bolichicos», un término coloquial que combina las palabras «bolivariano» (en referencia a la revolución socialista de Chávez) y «chico».

Aunque nunca se alió formalmente con los gobiernos de Chávez o Maduro, se benefició económicamente durante sus mandatos.

Betancourt amasó una fortuna en pleno apogeo de la crisis energética venezolana en la década de 2010, cuando fundó Derwick Associates, una empresa eléctrica que obtuvo 5000 millones de dólares en contratos gubernamentales —adjudicados sin licitación— para construir centrales eléctricas en todo el país.

La organización de vigilancia Transparency Venezuela acusó a Betancourt y a Derwick Associates de sobreprecios y corrupción en artículos publicados en su sitio web.

«(Betancourt) consiguió 12 contratos en menos de 14 meses para construir centrales eléctricas en varios estados del país, a pesar de que su empresa no contaba con experiencia previa demostrada en la ejecución de proyectos de ingeniería civil. La aprobación provino del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, el cual pagó a la empresa 2900 millones de dólares en presuntos sobrecostes, según los cálculos de la organización», señaló el sitio.

El sitio también vincula a Betancourt con otros empresarios venezolanos acusados ​​de malversar fondos de PDVSA.

En una carta fechada el 17 de Septiembre y dirigida al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al Fiscal General, Todd Blanche, los representantes demócratas Robert García, Gregory Meeks y Jared Huffman —miembros destacados de los comités de Supervisión y Reforma Gubernamental, Asuntos Exteriores y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE. UU., respectivamente— exigieron información sobre las negociaciones que condujeron al acuerdo con NABEP.

La misiva hacía referencia a informaciones periodísticas según las cuales Betancourt ha sido mencionado en investigaciones por lavado de dinero, soborno y evasión fiscal en Estados Unidos, España y Suiza; asimismo, señalaba que altos funcionarios estadounidenses habrían contactado a gobiernos extranjeros para instarles a poner fin a dichas investigaciones penales, con el fin de permitir que Betancourt pudiera viajar a Estados Unidos. «El Congreso tiene derecho a saber con quién ha decidido hacer negocios el Presidente y si está colaborando con un presunto delincuente con antecedentes de delitos de «cuello blanco»», escribieron en el comunicado.

Betancourt no ha sido condenado por ningún delito, y sus partidarios sostienen que está siendo juzgado injustamente.

La Presidenta interina, Delcy Rodríguez, defendió a Betancourt en una conferencia de prensa celebrada en Caracas el 2 de Septiembre. 

«A menudo, una persona es juzgada en los medios de comunicación antes de serlo ante un tribunal», señaló, añadiendo que Betancourt «no tiene ningún caso pendiente» en su contra en Estados Unidos.

El 1 de Septiembre, en una entrevista en un pódcast con el periodista venezolano Sergio Novelli, Rubio defendió el acuerdo petrolero con NABEP.

Rubio también indicó que Betancourt no tiene investigaciones abiertas en Estados Unidos y que NABEP cuenta con experiencia en la producción de petróleo en Venezuela, un factor clave para garantizar el desarrollo continuo del sector energético venezolano.

Asimismo, Rubio subrayó que el gobierno estadounidense firmó el acuerdo con una empresa privada —y no con el gobierno interino venezolano encabezado por Rodríguez—, y que el mecanismo establecido permitirá a la compañía aumentar su producción y realizar pagos tanto al actual gobierno venezolano como a aquel que resulte elegido democráticamente en el futuro.

El 5 de Septiembre, James Broughel, economista y colaborador de Forbes, escribió que la participación del gobierno estadounidense ofrece garantías a las empresas que podrían mostrarse escépticas a la hora de hacer negocios en Venezuela.

«Lo que hace diferente a este acuerdo es que los inversores no tienen que confiar en la propia Venezuela; pueden confiar en las instituciones externas en las que Venezuela ha aceptado apoyarse», escribió.

Broughel describió el acuerdo como un «mecanismo de compromiso» (commitment device): un arreglo que eleva el costo de incumplir una promesa, haciendo que dicha promesa resulte creíble.

Explicó que los países con instituciones débiles han recurrido a este tipo de mecanismos desde hace mucho tiempo.

La dolarización, por ejemplo, le «ata las manos» a un banco central al privarlo de la capacidad de emitir su propia moneda.

«El acuerdo petrolero actúa de manera similar frente a la tendencia de Venezuela a reescribir contratos. La nueva ley de hidrocarburos venezolana —modificada en Enero con lo que la Casa Blanca denomina apoyo estadounidense— ya contempla la posibilidad de someter las disputas a arbitraje internacional», afirmó Broughel.

«Este nuevo acuerdo va un paso más allá al convertir al gobierno de Estados Unidos en una parte con intereses económicos en juego; algo que, probablemente, constituye la garantía más sólida que un país pequeño puede ofrecer a un inversor receloso».

Analizando el acuerdo

Pero, ¿qué fue exactamente lo que el gobierno de Estados Unidos firmó con NABEP? ¿Y cómo beneficiará este acuerdo a los pueblos de Venezuela y de Estados Unidos?

Leopoldo Olavarría, abogado venezolano y socio de Fisher Broyles Bravo, analizó detenidamente los anuncios para poder asesorar a sus clientes: empresas interesadas en invertir en Venezuela.

«Me sorprendió —como seguramente les ocurrió a muchos otros— la magnitud del acuerdo y su carácter audaz», señaló.

«El acuerdo podría favorecer una recuperación sustancial de la producción petrolera venezolana, generar ingresos para el Estado y crear oportunidades de negocio para proveedores de equipos, empresas de ingeniería, prestadores de servicios logísticos y refinerías. No obstante, su valor económico depende de la financiación, de contratos que ofrezcan garantías jurídicas y de la producción real, más que del volumen de petróleo que, según se informa, se encuentra en el subsuelo».

Olavarría indicó que es probable que las oportunidades comerciales más viables surjan por etapas: primero, mediante la rehabilitación de las operaciones existentes; posteriormente, a través de proyectos de mayor envergadura, una vez que los inversores tengan una mayor confianza en cuanto a los costos, las protecciones legales y los mecanismos de pago.

«En esta fase, cualquier proyección sobre inversiones o ingresos fiscales debe considerarse como una estimación sujeta a condiciones», afirmó.

Beneficios para Estados Unidos

Olavarría señaló que el acuerdo podría beneficiar a Estados Unidos a través de tres vías principales:

1. Acceso al petróleo: Los términos anunciados otorgan al Departamento de Estado el derecho a adquirir el 20 por ciento de la producción de NABEP al costo, además de un derecho de preferencia sobre el resto de la producción. Estos derechos podrían servir de apoyo para el almacenamiento estratégico y otras necesidades de suministro gubernamental.
2. Potencial retorno financiero: La participación económica del 35 por ciento anunciada en la empresa matriz de NABEP podría generar dividendos y una revalorización, dependiendo de la rentabilidad y de los acuerdos de financiación definitivos.
3. Oportunidades de negocio: El desarrollo del proyecto podría generar demanda de equipos petroleros, servicios de ingeniería, tecnología, logística y refinación de origen estadounidense.

Olavarría aclaró que los beneficios dependerán del éxito de la inversión y de la producción.

«Los derechos de compra preferente siguen requiriendo el pago correspondiente, y es posible que una inversión sustancial retrase la distribución de beneficios a los accionistas», afirmó. «Un aumento en la producción podría, a la larga, moderar los precios del petróleo; sin embargo, no debe darse por sentado que los precios de la gasolina en Estados Unidos bajarán rápidamente, ya que muchos de los yacimientos contemplados requieren una rehabilitación integral o nueva infraestructura».

Impacto en los venezolanos

Olavarría también abordó una segunda cuestión: ¿Cómo beneficiará este acuerdo al pueblo venezolano?

De tener éxito, el acuerdo podría beneficiar a los venezolanos mediante ingresos públicos, generación de empleo y demanda para las empresas locales.

«Las autoridades venezolanas han proyectado unos 209.000 millones de dólares en ingresos fiscales a lo largo de 25 años, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril. Se trata de estimaciones condicionadas, no de pagos garantizados. Si estos ingresos llegan a materializarse y se asignan de manera eficaz, podrían contribuir a financiar infraestructuras y servicios públicos», explicó.

• Los trabajadores y proveedores locales podrían beneficiarse de las actividades de construcción, mantenimiento y operación; el alcance de este beneficio dependerá de la contratación de personal local, la capacitación y la adquisición de bienes y servicios a nivel local.
• Los hogares se verían beneficiados, principalmente, si el incremento en los ingresos públicos se traduce en mejores servicios y mayores oportunidades económicas.
• Las comunidades donde se realice la producción requerirán una gestión ambiental eficaz, de modo que el aumento de la actividad no genere costos que superen los beneficios locales.

«Para que las comunidades se beneficien, la distribución de dichos beneficios resulta fundamental», concluyó. «Unos mayores ingresos petroleros, por sí solos, no garantizarán una mejora en el nivel de vida. La transparencia en el gasto, la eficacia de las instituciones y la rendición de cuentas determinarán en qué medida se distribuyen los beneficios».

Los controles sobre los pagos también son importantes.

Las licencias vinculadas a las sanciones estadounidenses exigen que ciertos ingresos gubernamentales se depositen en cuentas designadas; por lo tanto, los fondos generados no están necesariamente disponibles de inmediato para que Caracas los gaste sin restricciones.

«En resumen, Estados Unidos podría obtener seguridad en el suministro y beneficios comerciales, mientras que los venezolanos podrían beneficiarse de mayores ingresos y una mayor actividad económica. La magnitud y la equidad de estos beneficios dependerán de la implementación, la financiación y la gobernanza», señaló.

Evaluación del éxito

En su artículo del 5 de Septiembre para Forbes, Broughel identificó criterios específicos para determinar si el acuerdo NABEP resulta exitoso con el paso del tiempo:

• Se publicará el texto completo del contrato, una exigencia planteada por los líderes de la oposición.
• ExxonMobil y ConocoPhillips —empresas que sufrieron expropiaciones en 2007— participarán en las licitaciones para los nuevos bloques de exploración y producción (greenfields) que el gobierno ha puesto a disposición de la inversión privada.
• Una Asamblea Nacional elegida libremente ratificará el acuerdo en 2027.
• La producción alcanzará el objetivo de 1,5 millones de barriles diarios —fijado por Delcy Rodríguez— para finales de la década.

«Si esto sucede, el acuerdo habrá demostrado que el gobierno venezolano es capaz de hacer promesas que los inversores consideran creíbles y que cuentan con el respaldo de sus propios ciudadanos», escribió Broughel.

Por ahora, el acuerdo sigue avanzando y NABEP está contratando a profesionales y  técnicos en Venezuela.

Ha comenzado un nuevo capítulo en la historia del petróleo y el gas en Venezuela.

Emily Smith Llinas 

AAPG Latin America Region Directora