Sep 09, 2026

El mayor acuerdo petrolero de la historia

o la mayor incertidumbre

Las dudas sobre la soberanía, la transparencia y la legitimidad, amenazan con socavar la certeza de las inversiones que se suponía que debía generar el acuerdo.

Comentario de EnergyNow

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El presidente Donald Trump promocionó su acuerdo para acceder a 65 mil millones de barriles de petróleo venezolano como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. Sin embargo, dentro de Venezuela, el acuerdo está generando indignación en un abanico inusualmente amplio de voces, incluyendo líderes de la oposición democrática, ciudadanos comunes y exmiembros del movimiento chavista. 

“Las críticas no significan que los venezolanos se opongan a la inversión extranjera ni a estrechar los lazos con Estados Unidos.”

Las críticas no significan que los venezolanos se opongan a la inversión extranjera ni a estrechar los lazos energéticos con Estados Unidos. Tras años de disminución de la producción, deterioro de la infraestructura y dificultades económicas, muchos reconocen que Venezuela necesita capital y tecnología del exterior. 

Lo que se cuestionan es quién negoció el acuerdo, qué ha cedido Venezuela, quién se beneficiará de él y si un gobierno interino no electo tiene la autoridad para asumir compromisos que podrían extenderse por generaciones.

Estas cuestiones podrían convertirse en algo más que un problema político. Podrían afectar directamente a si el enorme acuerdo petrolero de Trump atrae inversiones, sobrevive a los desafíos legales o se mantiene vigente bajo un futuro gobierno venezolano elegido democráticamente. 

¿Qué incluye exactamente el acuerdo?

La Casa Blanca afirma que North American Blue Energy Partners, NABEP, recibirá un contrato de arrendamiento de 100 años que abarca 17 yacimientos con unas reservas estimadas de 65.000 millones de barriles; aproximadamente una quinta parte de las reservas probadas declaradas de Venezuela. 

El gobierno estadounidense adquiriría una participación del 35% de NABEP, tendría acceso al 20% de la producción a precio de costo y un derecho de preferencia sobre el resto. Trump ha argumentado que el acuerdo atraerá hasta 100 mil millones de dólares en inversiones, ampliará la producción y proporcionará a las refinerías estadounidenses una fuente segura de crudo pesado. 

Pero las descripciones venezolanas y estadounidenses del acuerdo no coinciden del todo. 

Delcy Rodríguez lo ha calificado como un proyecto bilateral de 25 años, no una concesión de 100 años, e insiste en que Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos. Afirma que los 17 yacimientos podrían llegar a producir más de 1,5 millones de barriles diarios y generar 209.000 millones de dólares en ingresos fiscales. 

“La opacidad del acuerdo plantea interrogantes sobre qué realmente se firmó y qué podría hacerse cumplir legalmente.”

Ninguno de los gobiernos ha publicado el acuerdo completo. La diferencia entre un acuerdo de desarrollo de 25 años y el control de 100 años sobre yacimientos estratégicos no es un asunto menor de redacción. Plantea interrogantes sobre lo que realmente se firmó y lo que podría hacerse cumplir legalmente. 

María Corina camina sobre la cuerda floja diplomática

María Corina Machado, la líder del pueblo venezolano y premio Nobel de la Paz, ha tenido cuidado de no rechazar la cooperación con Washington. De hecho, sigue describiendo a Estados Unidos como el socio esencial para la reconstrucción del sector energético de Venezuela. 

“La alianza es estratégica para ambos, por lo que todos debemos asegurarnos que se lleve a cabo correctamente”.

En su más reciente aparición pública, en un video afirmó “Estados Unidos es el principal socio que Venezuela necesita para desarrollar plenamente su potencial estratégico. Y precisamente porque la alianza entre Venezuela y Estados Unidos es estratégica para ambos países, todos debemos asegurarnos de que se lleve a cabo correctamente”. 

María Grande de América, describiendo la reacción de la gente como de “tristeza, ira e inquietud”, afirmó  categórica que “La riqueza de nuestro subsuelo no pertenece a un régimen ilegítimo, pertenece al pueblo venezolano”.

También cuestionó el “verdadero alcance” del acuerdo, incluyendo la identidad de sus firmantes, las garantías que se ofrecen y los beneficios que realmente recibirán los venezolanos. 

La principal advertencia de Machado va dirigida directamente a los inversores: la legitimidad política y la seguridad de la inversión no pueden separarse. 

“Necesitamos atraer capital e inversión sostenida a largo plazo en condiciones que proporcionen rentabilidad, certeza y seguridad. Eso solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que brinda un gobierno democrático y serio”. 

Esa es una declaración significativa. María Corina no amenaza con la nacionalización ni rechaza la participación estadounidense. Simplemente advierte que los contratos firmados por un gobierno ilegítimo, a puerta cerrada y sin una autoridad constitucional clara, no ofrecen la solidez que los inversionistas requieren.

Las críticas van más allá de la oposición democrática.

La oposición a este acuerdo se extiende a sectores de la izquierda política y a antiguos funcionarios chavistas. 

     

Rafael Ramírez, quien fue Ministro de Petróleo y Presidente de PDVSA durante el gobierno de Hugo Chávez, calificó el acuerdo de ilegítimo, inconstitucional y un saqueo de los recursos de Venezuela. El exvicepresidente chavista Elías Jaua describió al país como bajo ocupación extranjera, mientras que el exfuncionario de comunicaciones de Chávez, Andrés Izarra, acusó a Rodríguez de traición. El exalcalde de Caracas, Juan Barreto, describió el acuerdo como una transición “de la intervención a la colonia”. 

Estas figuras tienen su propio bagaje político, y sus críticas no deben confundirse con un apoyo al movimiento democrático de María Corina. Sin embargo, su oposición importa porque demuestra cómo el acuerdo ha activado el arraigado nacionalismo petrolero de Venezuela, trascendiendo las líneas ideológicas. 

Durante generaciones, los venezolanos han considerado el petróleo como patrimonio nacional. Incluso muchos de quienes culpan a Chávez y Maduro de la destrucción de PDVSA siguen preocupados por otorgar a un gobierno extranjero un control extraordinario sobre el recurso más importante del país. 

“No es solo preocupante, es indignante”, declaró a la Associated Press el arquitecto caraqueño Lisandro Castro. “Existe una auténtica preocupación colectiva en Venezuela en este momento por lo que estamos presenciando”. 

Las críticas no son unánimes. El partido socialista gobernante de Rodríguez ha respaldado formalmente el acuerdo, y algunos venezolanos creen que la participación extranjera podría ser la única vía realista para reactivar la producción y el empleo. Sin embargo, incluso entre los posibles partidarios, la aceptación parece estar condicionada a la obtención de beneficios económicos tangibles. 

La reacción negativa pone en peligro el acuerdo

El peligro inmediato no reside necesariamente en que Rodríguez se retire. Su gobierno necesita el apoyo de Estados Unidos, el levantamiento de las sanciones y la inversión. El mayor peligro es que el acuerdo no genere la seguridad jurídica y política necesaria para que las empresas inviertan decenas de miles de millones de dólares. 

Los principales productores ya están inquietos por la posición dominante de la NABEP y el papel del empresario Alejandro Betancourt, cuyas anteriores relaciones con el gobierno venezolano fueron investigadas por autoridades estadounidenses y europeas, aunque nunca fue acusado. 

La controversia genera al menos cuatro riesgos: 

• Un futuro gobierno electo podría impugnar o renegociar el acuerdo por motivos constitucionales o de interés público.
• Los tribunales o los legisladores venezolanos podrían cuestionar si Rodríguez tenía la autoridad para otorgar derechos tan extensos y a largo plazo.
• Las principales compañías petroleras podrían limitar sus inversiones hasta que reciban condiciones fiscales más claras, protecciones legales y garantías políticas.
• El resentimiento público podría convertir el proyecto en un símbolo permanente de explotación extranjera, aumentando el riesgo de protestas, interrupciones operativas y eventual expropiación.

Además, existe una contradicción política en el centro de la estrategia de Trump. Washington afirma que el acuerdo ayudará a reconstruir Venezuela, pero Trump y Rodríguez se han negado a establecer un calendario para las elecciones. Trump declaró recientemente que Venezuela “no estaba preparada” para votar, mientras que Rodríguez afirmó que las elecciones se celebrarían solo “cuando Venezuela esté preparada”. 

Cuanto más se retrasen las elecciones, más sólido se vuelve el argumento de María Corina: Washington está priorizando el control del petróleo venezolano por encima de la transición democrática que muchos venezolanos creían que seguiría a la destitución de Maduro. 

¿El mayor negocio o la mayor incertidumbre?

Venezuela necesita inversión urgentemente. Su producción, de aproximadamente 1,25 millones de barriles diarios, se mantiene muy por debajo de los tres millones de barriles diarios que producía a finales de la década de 1990. La reactivación del sector requerirá perforación, oleoductos, infraestructura energética, plantas de procesamiento, instalaciones de exportación y años de inversión sostenida. 

Pero las reservas geológicas no son lo mismo que la producción comercialmente recuperable. Tampoco el hecho de anunciar el control de 65 mil millones de barriles garantiza que las empresas aporten el capital necesario para extraerlos. 

El acuerdo de Trump pretendía eliminar la incertidumbre al situar a Estados Unidos en el centro del resurgimiento petrolero de Venezuela. Sin embargo, su secretismo, su duración controvertida y su dudosa legitimidad democrática podrían haber introducido una nueva capa de riesgo político. 

El mensaje de María Grande de América es, en última instancia, tanto comercial como político: Venezuela puede convertirse en un importante socio energético de Estados Unidos, pero un acuerdo diseñado para durar décadas —o quizás un siglo— no puede basarse únicamente en la cooperación de un gobierno no electo. 

“Tiene que existir mayor transparencia, legitimidad democrática y contratos claramente ejecutables.”

Tiene que existir mayor transparencia, legitimidad democrática y contratos claramente ejecutables; si no el “mayor acuerdo petrolero de la historia” podría resultar mucho más fácil de anunciar que de financiar, desarrollar o defender.