Jun 22, 2026
El “diferendo” entre Guyana y Venezuela
La controversia fronteriza entre Guyana y Venezuela atraviesa actualmente una de sus fases más decisivas ante la Corte Internacional de Justicia.
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Ya se han completado los alegatos escritos y se espera que el caso avance hacia las audiencias orales finales antes de que la Corte comience a deliberar sobre una sentencia que será vinculante según el derecho internacional.
El núcleo del caso es la validez del Laudo Arbitral de 1899, que estableció la frontera terrestre entre Venezuela y la entonces Guayana Británica. Guyana sostiene que dicho laudo resolvió la cuestión fronteriza de manera legal y definitiva. Venezuela, tras haber aceptado la frontera durante décadas, declaró el laudo nulo e írrito en 1962 y, desde entonces, reclama la región del Esequibo, que representa más de dos tercios del territorio de Guyana.
Esta situación actual es el resultado de años de gestiones jurídicas y diplomáticas. Guyana inició el procedimiento ante la CIJ en 2018, después de que el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, determinara que la solución judicial era la vía adecuada conforme al Acuerdo de Ginebra de 1966. El caso fue remitido a la Corte tras décadas de intentos fallidos de resolver la controversia mediante negociaciones bilaterales y el proceso de buenos oficios de la ONU.
Venezuela ha cuestionado reiteradamente la competencia de la Corte, argumentando que el asunto no debía ser resuelto por la CIJ. Sin embargo, en 2020, la Corte dictaminó que tenía competencia para conocer del caso. OilNOW informó en aquel momento que la Corte determinó que ambos países habían conferido autoridad al Secretario General de la ONU en virtud del Artículo IV del Acuerdo de Ginebra de 1966, facultándolo para elegir un medio de solución conforme al Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, incluida la solución judicial.
Guyana ha sostenido sistemáticamente que la CIJ es actualmente el único foro legítimo para resolver la controversia. En 2023, la Representante Permanente de Guyana ante las Naciones Unidas, Carolyn Rodrigues-Birkett, afirmó que los llamamientos de Venezuela a celebrar conversaciones directas constituían un intento de marginar a la Corte. Señaló que el tribunal internacional era «el único medio de solución» autorizado por el Acuerdo de Ginebra una vez que habían fracasado los mecanismos anteriores.
La controversia se intensificó en 2023 después de que Venezuela incrementara la presión sobre su reclamación del Esequibo, incluso mediante la convocatoria de un referéndum. Guyana acudió nuevamente a la CIJ para solicitar protección frente a acciones que pudieran alterar el *statu quo*. En diciembre de 2023, la Corte ordenó a Venezuela no tomar ninguna medida que modificara la administración y el control de Guyana sobre el territorio a la espera de una decisión definitiva.
A pesar de dicha orden, Venezuela continuó insistiendo en su reclamación. En abril de 2024, el presidente Nicolás Maduro promulgó la “Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba”, la cual pretendía incorporar la región del Esequibo (bajo administración de Guyana) a Venezuela. Guyana rechazó esta medida y alertó a la comunidad internacional, sosteniendo que las acciones de Venezuela contravenían el proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el derecho internacional.
El proceso jurídico prosiguió mediante la presentación de escritos. Guyana presentó su réplica a la contramemoria de Venezuela en diciembre de 2024, refutando los argumentos venezolanos y afirmando que las objeciones de Venezuela al Laudo Arbitral de 1899 y a la frontera internacional carecían totalmente de fundamento. Guyana expresó su confianza en que la Corte ratificaría la validez y el carácter vinculante del laudo.
En 2025, la controversia volvió a plantearse ante la Corte después de que Venezuela anunciara planes para celebrar elecciones de funcionarios encargados de administrar el Esequibo como parte de Venezuela. Guyana señaló que la CIJ había ordenado a Venezuela no celebrar ni preparar elecciones en dicho territorio. El presidente Irfaan Ali declaró que la Corte había reafirmado su directriz de diciembre de 2023, según la cual Venezuela no debía interferir en el control que Guyana ejerce sobre el territorio. La orden, según informaciones de OilNOW, establecía que, a la espera de una decisión final, Venezuela debía abstenerse de celebrar o preparar elecciones en el territorio administrado y controlado por Guyana.
No obstante, Venezuela presentó su dúplica el 11 de agosto de 2025, en respuesta a la réplica de Guyana de diciembre de 2024. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana indicó que dicha presentación marcaba el final de la fase de intercambio de escritos en el procedimiento. El Ministerio señaló que se esperaba que la Corte, tras regresar de su receso de verano, programara las audiencias orales sobre el fondo del asunto, seguidas de las deliberaciones y el dictamen de la sentencia definitiva.
El exministro de Asuntos Exteriores Carl Greenidge, agente de Guyana ante la Corte, ha expresado su confianza en que el asunto pueda concluirse sin demoras innecesarias. Declaró a OilNOW que el caso ya había tardado mucho tiempo en llegar a su etapa actual y que no existía ninguna razón justificada para más retrasos, dado que las cuestiones centrales están claras. Greenidge señaló que se esperaba que la Corte examinara los escritos presentados tanto por Guyana como por Venezuela antes de avanzar hacia una decisión.
Para Guyana, el caso consiste en obtener la confirmación judicial definitiva de una frontera que, según afirma, quedó establecida hace más de un siglo. Para Venezuela, el procedimiento se ha convertido en parte de una campaña política y territorial más amplia sobre el Esequibo, aun cuando ha participado en el caso al tiempo que rechaza la autoridad de la Corte.
Las implicaciones van más allá de la sala del tribunal. OilNOW ha informado que la controversia también ha afectado a las actividades en alta mar: Venezuela ha extendido su reclamación a zonas de la Zona Económica Exclusiva de Guyana, y ExxonMobil se ha visto imposibilitada de explorar la sección occidental del bloque Stabroek debido a la disputa territorial. Guyana también ha denunciado incursiones de buques venezolanos en aguas donde se concentra la producción petrolera.
El caso se encuentra ahora en un punto decisivo. El expediente escrito está completo, la Corte ya ha dictaminado que tiene competencia y se han emitido medidas provisionales para evitar que Venezuela altere el *statu quo* antes de la sentencia. Lo que queda pendiente es la fase oral final, las deliberaciones de la Corte y un fallo que, según Guyana, debería confirmar definitiva y legalmente la frontera establecida por el Laudo Arbitral de 1899.
