Sep 10, 2020
Colombia podrá hacer pilotos de “fracking”
El alto tribunal negó la solicitud de suspender el decreto con el que se reglamentaron los proyectos pilotos para evaluar el fracking, que buscan establecer si esta forma de explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales sería viable en Colombia. Al conocer la decisión, el Ministerio de Minas dio los primeros pasos este mismo viernes para comenzar los pilotos
El Consejo de Estado negó las medidas cautelares que habían pedido un grupo de congresistas en la demanda con la que buscan tumbar el decreto Decreto 328 de 2020, “por el cual se fijan lineamientos para adelantar Proyectos Piloto de Investigación Integral sobre Yacimientos No Convencionales de hidrocarburos”. Con esta decisión judicial, el Gobierno queda con luz verde para hacer las primeras exploraciones de la técnica de extracción de hidrocarburos conocida coloquialmente como “fracking”. El Gobierno inmediatamente abrió la convocatoria para el comité que vigilará los pilotos.
Congresista Katherine Miranda
Los congresistas Katherine Miranda y César Ortiz Zorro, de la Alianza Verde, y César Pachón, del Mais, le habían pedido al Consejo de Estado que, mientras resolvía de fondo la demanda al decreto, suspendiera sus efectos, para que el Gobierno no pudiera iniciar los pilotos. Según los legisladores, la norma violaba el principio de precaución en materia ambiental, y pasaba por encima de la consulta previa con las comunidades campesinas e indígenas que habitan territorios cercanos a los yacimientos en los que se exploraría esta técnica.
Magistrado Nicolás Yepes
Sin embargo, el magistrado Nicolás Yepes, quien es el ponente en el caso, concluyó: “la forma como los demandantes presentaron los argumentos relacionados con la alegada vulneración del principio de precaución no deja en evidencia, una oposición directa entre el contenido del acto demandado y las normas constitucionales y legales invocadas”. Asimismo, sobre la supuesta vulneración de la consulta previa, el togado dijo: “una primera aproximación a la norma acusada no arroja como resultado una referencia específica a un territorio o a una zona determinada”, con lo cual no se entiende por qué se alega que se haya ignorado a las comunidades.
