Ago 15, 2022
¿Importar gas de Venezuela?
Gremios responden
De la autosuficiencia a la dependencia, esta parece ser la consigna del nuevo gobierno de Colombia en materia energética. Los gremios prenden las alarmas.
Por Martín Rosas/Guía del Gas
A raíz de los descubrimientos de gas natural en los campos de Chuchupa y Ballena en La Guajira, por allá en los años 70 del siglo pasado, Colombia pudo iniciar lo que se llamó la ‘Revolución del Gas’ y dinamizar el sector industrial con un energético más económico y más eficiente, al tiempo que millones de familias comenzaban a sustituir la leña, el carbón, la gasolina y el peligroso cocinol, ya no solo para cocinar sino para calentar agua.
Ahora resulta que al nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, “no le gusta el gas”, como lo señaló el pasado 12 de agosto en el cierre del Séptimo Congreso Empresarial Colombiano.
A su turno, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha dicho que en este gobierno no se firmarán más contratos de exploración de hidrocarburos y que si se llegare a requerir gas se importaría de Venezuela.
La respuesta de los gremios no se hizo esperar y la presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Luz Stella Murgas, señaló que perder la autosuficiencia significaría para los estratos uno y dos que la factura del gas se quintuplicará pasando de 30.000 pesos mensuales a 150.000 pesos.
Recordemos que en Colombia el gas natural es usado por cerca de 36 millones de personas; discriminado así: 10 millones 155.000 hogares, 190.000 locales comerciales, 5.8000 industrias y 630.000 vehículos, entre estos últimos buena parte del transporte público en las principales capitales como Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Manizales, entre otras.
Además, Murgas agregó que la factura de electricidad también aumentaría, pues cerca de un 25% de la generación eléctrica se hace con gas natural.
“El plan B no puede ser importar gas natural; el plan A, el plan B y el plan C debe ser desarrollar el potencial de reservas que tenemos en Colombia”, concluyó la dirigente gremial.
Por su parte, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) en declaraciones a W Radio dijo que “me siento confundido, porque una cosa es lo que dice el ministro de Haciendo y otra lo que dice la ministra de Minas y Energía. El ministro de Hacienda ha señalado que para Colombia es estratégico ser autosuficiente en materia energética, incluido por supuesto el gas, y ha señalado que le preocupa que a la vuelta de tres años perdamos esa autosuficiencia en gas, y ha dicho por tanto que es fundamental para el país continuar explorando en búsqueda de gas y eso hace referencia a contratos existes y a contratos nuevos. Y la ministra, por su parte, lo que da a entender es que para ella no es relevante la autosuficiencia energética del país, incluso en materia de gas, y que la solución estaría en importar gas de Venezuela, es decir quedar un poco al capricho de Nicolás Madura.”
Lloreda agregó que los colombianos somos cortos de memoria y recordó que en el gobierno de Juan Manuel Santos, al momento en que al gobierno de Nicolás Maduro le correspondía enviarle gas a Colombia, en contraprestación por tantos años que el país le exportó gas a Venezuela, Maduro tomó la decisión de no hacerlo y eso condujo a estar cerca de un racionamiento de electricidad y a pagar mayores costos por el gas.
“Entonces no tiene sentido que un país contando con gas, contando también con petróleo, termine entregando su seguridad energética, y sobre todo cuando estamos viendo que a nivel mundial es una reflexión en todo lo contrario”, concluyó Lloreda.
Pero, además, paralizar las exploraciones de hidrocarburos tendría un gran impacto en las finanzas públicas, pues hoy cerca del 58% de las exportaciones proviene del sector minero energético y es difícil sustituirlas de la noche a la mañana.
Pero también importar gas de Venezuela es técnicamente imposible, pues el gasoducto Antonio Ricaurte, que se construyó entre Ballena y Maracaibo, por sus años de abandono ha sido desmantelado.
De tal suerte, que el gobierno debe presentar al país una clara propuesta de política energética y evaluar los costos económicos, sociales y ambientales de las decisiones que tome en esta materia, pues pondrían en riesgo un energético que es consumido por cerca del 80 por ciento de la población.
