Un quiebre estructural para la industria petrolera venezolana
La retirada de Chevron de Venezuela en 2025 marca un punto de inflexión en la ya precaria realidad del sector hidrocarburos venezolano. Aunque esta decisión responde a un cambio en la política energética de Estados Unidos —particularmente tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la reinstauración de la línea dura frente al régimen de Nicolás Maduro—, sus efectos desbordan ampliamente el plano geopolítico y afectan de manera directa la operatividad, las finanzas públicas y la estabilidad social del país.
Durante años, Chevron fue mucho más que una empresa extranjera con presencia en Venezuela. Su participación en empresas mixtas clave como Petroboscán y Petropiar garantizaba no solo inversión y tecnología, sino también acceso a mercados y una cuota de gobernanza operativa. Su contribución al fisco venezolano se estimaba entre 150 y 200 millones de dólares mensuales, según cifras citadas por EnergyNews.
El cese de las actividades de Chevron no solo implica la paralización de operaciones conjuntas, sino también la pérdida de ingresos vitales en divisas para un Estado que ya padece una severa crisis fiscal.
Apenas unas semanas después de la suspensión de cargas por parte de Chevron, los datos reflejaron una contracción significativa. De acuerdo con Reuters (1 de mayo de 2025), las exportaciones petroleras cayeron cerca de un 20 %, mientras los envíos hacia Estados Unidos se desplomaron un 69 %, pasando de 215.000 a apenas 66.000 barriles diarios. Se estima que, para septiembre, la producción nacional podría caer por debajo de 720.000 barriles por día, según proyecciones de Kpler.
Esta reducción ocurre en un contexto donde PDVSA carece tanto de la capacidad técnica como de los recursos financieros para asumir plenamente las operaciones que antes estaban bajo el liderazgo tecnológico y logístico de Chevron.
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