Mar 16, 2026

Incomodidades necesarias

Hay una pregunta que los foros de energía rara vez se hacen: ¿y si lo usamos todo?

María Angela Capello, PhD/Red Tree Consulting

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Hispanoamérica junto a Brasil y África concentran más de la mitad de las selvas tropicales que quedan en pie en el planeta. Son los dos únicos territorios donde la naturaleza todavía conserva ecosistemas a escala real, no fragmentada. El mundo pierde cada año alrededor de diez millones de hectáreas de bosque, una superficie mayor que todo Portugal. Esa pérdida no es reversible en ningún horizonte de planificación que conozcamos. No en veinte años. No en cuarenta. Desaparece.

El uso de todos los recursos del planeta implica hacerlo con un criterio de conservación. Si cada área sensible queda abierta a la exploración y extracción sin ningún criterio de protección, nuestros hijos y nietos heredarán un planeta empobrecido. Lo digo como alguien que ha pasado su carrera en el sector energético y que cree genuinamente en él. 

La energía genera prosperidad. Es condición del desarrollo humano. Esa convicción, sin embargo, no me exime de una obligación que la geociencia impone con claridad: quienes conocemos el planeta en profundidad tenemos una responsabilidad especial frente a él. La IAPG, Asociación Internacional para la Promoción de la Geoética, lo recoge en lo que llaman la Promesa Geoética, un juramento análogo al hipocrático de la medicina: practicar las geociencias con plena conciencia de sus implicaciones sociales, y actuar en beneficio del sistema terrestre pensando en las generaciones futuras. Es una brújula profesional.

A ese marco se suma el concepto de justicia energética: que los beneficios y las cargas de la energía se distribuyan con equidad, que las decisiones se tomen con participación genuina, y que los derechos de las generaciones futuras pesen tanto como las ganancias planificadas en los contratos multinacionales.

En Noviembre del 2025, Colombia hizo algo sin precedente en la cuenca amazónica. El gobierno declaró zona de reserva natural la totalidad de su bioma amazónico: 483.000 kilómetros cuadrados de selva tropical, el 42% de su territorio continental, vetado a nuevas actividades de minería e hidrocarburos. Se frenaron 43 bloques de hidrocarburos y 286 solicitudes mineras. El anuncio fue celebrado en la COP30 de Brasil, celebrada ese mismo año en Belém, y generó entusiasmo internacional.

Al día siguiente, quedó en suspenso.

El Ministerio del Interior recordó que la medida afecta a 566 comunidades étnicas, y que la ley exige un proceso de consulta previa antes de que cualquier prohibición pueda entrar en vigor. El gesto histórico chocó con un trámite que no se hizo. Las comunidades que la medida pretendía proteger eran exactamente las que no habían sido consultadas.

La región aprende. En Argentina, las comunidades mapuches exigen que Vaca Muerta cumpla la ley de consulta previa que ya existe. En Bolivia, fue la Defensoría del Pueblo la que frenó contratos de litio con empresas chinas y rusas hasta que se completaran los estudios ambientales. El Gran Chaco empieza a aparecer en conversaciones legislativas que hace diez años no existían. Nadie dijo que sería rápido.

Venezuela tiene su propia Ley Orgánica del Ambiente, vigente desde el 2006, con principios sólidos de desarrollo sustentable, evaluación de impacto ambiental y corresponsabilidad ciudadana. Sobre el papel, es una ley bien concebida. En la práctica, el deterioro acumulado del sector energético venezolano durante más de dos décadas, en petróleo, gas y minería, ha dejado una deuda ambiental que hay que auditar con rigor. Quienes amamos a Venezuela sabemos que ese daño existe, que duele, y que cualquier proyecto serio de reactivación del sector tendrá que incluir desde el primer día un plan de remediación y prevención. Pocos países en América del Sur reúnen, como Venezuela, una combinación tan amplia de recursos energéticos, hídricos y biológicos con potencial estratégico para el siglo XXI. Preservarlos es parte de recuperarlos.

El sector energético tiene un papel que va más allá de cumplir regulaciones. Puede ser un habilitador activo de esa conciencia, un comunicador de lo que hace falta para llevar prosperidad a las comunidades que la necesitan, cuidando al mismo tiempo lo que las sostiene. El sector puede ser incluso un colaborador efectivo de los legisladores, dotándoles de la visión tecnológica, que permite muchas veces operar sin dañar en los ambientes ecológicamente frágiles. Los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos y minería se evalúan en horizontes variables de veinte o hasta treinta años. Las consecuencias de afectar un ecosistema sensible se miden en siglos. Esa asimetría merece un lugar en el modelo y los marcos regulatorios modernos. 

En próximas entregas exploraré cómo la geociencia y la planificación territorial pueden hacer de energía y ambiente dos sistemas que coexisten, cuando las cosas se hacen bien desde el inicio.

Para saber más:

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Sobre la autora

Maria Angela Capello, PhD, es una líder en la yuxtaposición de sostenibilidad, geociencias, equidad de género y gestión técnica en energía, integrando estos enfoques para promover una transformación ética y global del sector. Miembro Honorario de la SPE, Miembro Vitalicio de la SEG, Directora en AGI y Co-Chair en UNECE, ha sido reconocida con el título de Cavaliere por el Presidente de Italia. Es autora de más de 100 publicaciones técnicas y cuatro libros, y promueve una transformación ética y sostenible en el sector energético a nivel global, con énfasis en los países en desarrollo.

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Maria Angela Capello, Ph.D.
President – Red Tree Consulting, LLC
www.redtreeconsultingllc.com
mcapello@RedTreeConsultingLLC.com
+1 (281) 967 2019 – Houston, TX, USA
Graduate Research Fellow, University of Plymouth
UNECE Co-Chair  Women in Resource Management 
AGI Ambassador & Board Liaison  https://www.americangeosciences.org/Co-Chair SPE Energy Transition Symposium 2025
Executive Editor Sustainable Geosciences: People, Planet and Prosperity

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