Sep 18, 2025

Medio Siglo de Nacionalización Petrolera:

Un balance ecuánime

El 29 de Agosto del 2025 se cumplieron 50 años de la promulgación por el presidente Carlos Andrés Pérez de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos (Ley de Nacionalización) y del Decreto fundacional de Petróleos de Venezuela, S.A.

Luis Xavier Grisanti

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LA NACIONALIZACIÓN FUE BENEFICIOSA EN SU CONTEXTO HISTÓRICO Fue un acontecimiento que figura entre los más importantes de nuestra historia republicana, por la conciencias de Estado, la responsabilidad, la juridicidad, el profesionalismo y la seriedad con que el liderazgo político sobre todo, y también el empresarial, académico y sindical del país, representados en la Comisión Presidencial de Reversión, concibió y ejecutó tan trascendental decisión, en medio de unas condiciones favorables del mercado petrolero internacional a tenor de la aguda elevación de los precios del petróleo y las nacionalizaciones ocurridas en múltiples países exportadores en la década de los años setenta del Siglo XX.   

Trataremos de hacer un balance objetivo de la nacionalización, despojado de las retóricas excesivamente nacionalistas o liberales que se suelen utilizar al evaluar sus resultados. No demonizaremos tampoco una u otra visión doctrinaria sobre el acontecimiento en sí o sobre sus éxitos o fracasos. Intentaremos ubicar la crucial decisión en su contexto histórico, tratando de evitar simplificaciones u ópticas exclusivamente ideológicas, partiendo de la base de que un hecho histórico responde a un conjunto de condiciones objetivas y subjetivas del momento en que acontece y no a las visiones o criterios de tiempos posteriores a su realización o de cambios en las filosofías que sirven sustento para actos de naturaleza económica, social y política.   

Admitamos: cinco décadas de nacionalización son suficientes para formular un juicio crítico, ecuánime y equilibrado, en especial por la responsabilidad y el desafío que tenemos hoy los venezolanos de definir qué estrategia, cual modelo de negocios, qué tipo de industria de los hidrocarburos, cual institucionalidad, cuál marco regulatorio, quienes serán los inversionistas, cuales socios procurar y cómo deseamos organizar la industria del futuro para que los vastos recursos de petróleo y gas natural que poseemos los venezolanos sirvan para apuntalar el desarrollo socioeconómico sostenible de Venezuela en medio de la III y IV Revolución Industrial en curso, los meteóricos avances de la robótica y la inteligencia artificial y la transición energética y la descarbonización de los procesos productivos que se vienen revelando en el panorama geopolítico y geoeconómico global del siglo XXI. 

Comencemos por diferenciar entre la administración bajo principios de eficiencia de los recursos de hidrocarburos del país por parte de PDVSA durante varias décadas, y el uso que el Estado o los gobiernos de turno hicieron de los ingentes ingresos fiscales y de divisas que las bonanzas petroleras de los años 70 del siglo XX y de los primeros tres lustros del XXI, brindaron a la nación. A nuestro juicio, la primera bonanza del siglo XX, ocurrida a partir de los años veinte y  hasta el primer gobierno de Rafael Caldera (1969 – 1974), la hemos denominado Bendición de los Recursos, mientras que a partir de la segunda (1974 – 1981) y la tercera (años 2000), Venezuela comenzó a padecer, de manera creciente, lo que nosotros los economistas denominamos la Maldición de los Recursos y la Enfermedad Holandesa (empero, aunque hemos abordado estas dolencias en otros escritos de quien suscribe, estos temas trascienden el objetivo del presente trabajo). 

LA NACIONALIZACION FUE UNA JORNADA CÍVICA EJEMPLAR 

Es nuestro criterio que la nacionalización de la industria petrolera fue un éxito en el contexto histórico en que se efectuó, e, inclusive, sirvió de modelo para otros procesos similares en diversos países en vías de desarrollo. Y fue un éxito por cuatro razones esenciales, presentadas en orden de importancia, aunque la sumatoria y concurrencia de ellas fue mejor que su suma aritmética: 

3) La preservación de la gerencia profesional de los cuadros directivos, gerenciales, operativos, administrativos y obreros, que habían sido formados por las empresas petroleras internacionales (International Oil Companies – IOCs); 

5) El compromiso del talento humano transferido por las compañías transnacionales a la nueva empresa petrolera nacional – PDVSA (National Oil Company – NOC), al asumir el enorme reto de gestionar y operar integralmente la industria de los hidrocarburos desde el 1ro. de enero de 1976. 

2) El consenso y la madurez del liderazgo político nacional a partir del proyecto de país surgido de la restauración democrática del 23 de enero de 1958 y la Constitución Nacional de 1961. Aquel proyecto de país tuvo como eje medular la restitución de un Estado de Derecho inspirado en los principios de legalidad y seguridad jurídica de empresas y personas; y

4) La existencia de una institucionalidad, construida durante décadas, donde el desaparecido Ministerio de Minas e Hidrocarburos, las compañías petroleras concesionarias y los sindicatos ejercían cada uno su rol dentro de un marco legal y regulatorio eficaz, respetado por todas las partes.

Debemos postular, más allá de las consideraciones de soberanía nacional que entonces prevalecían, que los venezolanos teníamos que demostrarnos a nosotros mismos y al mundo, que estábamos en capacidad de dirigir, operar y administrar los hidrocarburos del país con tanta o más eficiencia, productividad, profesionalismo y trasparencia que las corporaciones petroleras concesionarias, poseedoras, no cabe duda, de los recursos de capital, tecnología, mercados y destrezas operativas y gerenciales que requiere una industria tan compleja y vital para el crecimiento y desarrollo de la economía mundial. Y lo logramos, nosotros los venezolanos, punto. 

FUE UN PROCESO TRIPARTITO Y LAS COMPAÑIAS CONCESIONARIAS FUERON COPROTAGONISTAS 

La nacionalización se fue gestando a lo largo de seis décadas y sus protagonistas fueron los formuladores de políticas públicas de Estado, las empresas petroleras internacionales y los profesionales y trabajadores de la industria, desde el nivel directivo y gerencial hasta el operativo, administrativo y obrero, conforme a la cultura de excelencia que les fueron impartidas durante el período concesionario (Grisanti 2020, 100 años de la Ley de Hidrocarburos, revista Petroleum (2020). 

Citemos sólo algunos hitos en la formulación de políticas públicas, corporativas y laborales: 

• La reforma del Código de Minas por parte del presidente Cipriano Castro (1904), la cual introdujo por primera vez el petróleo en el ordenamiento jurídico venezolano.  
• El Reglamento (1918) y la primera Ley de Hidrocarburos (1920) y sus posteriores reformas, elaborada por Gumersindo Torres, ministro de Fomento del Gral. Juan Vicente Gómez.
• El Programa de Febrero de 1936, formulado por el presidente de la transición democrática, Eleazar López Contreras, quien dio resolución satisfactoria a la histórica huelga petrolera y suspendió temporalmente el otorgamiento de concesiones.
• La Ley de Impuesto sobre la Renta de 1942 y la emblemática Ley de Hidrocarburos de 1943, promulgada por el presidente Isaías Medina Angarita (1941 – 1945).
• La Ley de Minas de 1945, cuyo ponente fue Manuel R. Egaña, exministro de Fomento.  
• La instauración del esquema 50/50 (fifty – fifty) para la distribución de los ingresos brutos del petróleo entre el Estado y las empresas concesionarias, durante las presidencias de Rómulo Betancourt (Decreto) y Rómulo Galllegos (Ley) – (1945 – 1948).
• La construcción de las refinerías de Cardón y Amuay en  los años 40 y 50. 
• La política de no más concesiones (1945, restablecida en 1959). 
• El proceso de venezolanización de los recursos humanos iniciado por la empresa Shell de Venezuela en 1954, seguido por las demás compañías concesionarias.
• La fundación de la primera empresa privada nacional de grasas y aceites lubricantes (Venoco, 1956), por el empresario e ingeniero Julio Sosa Rodríguez.
• El empuje a la venezolanización impartido por el Colegio de Ingenieros de Venezuela a partir de la restauración democrática del 23 de enero de 1958.
• La creación de la Corporación Venezolana del Petróleo – CVP, de la Comisión Coordinadora de la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos del Ministerio de Minas e Hidrocarburos y la fundación de la OPEP por el presidente Rómulo Betancourt y su ministro Juan Pablo Pérez Alfonzo (1959 – 1963; el Pentágono Petrolero). 
• La creación de las primeras empresas mixtas químicas y petroquímicas y la fijación bilateral de los precios referenciales de exportación (1966) durante la presidencia de Raúl Leoni (1964 – 1969). 
• La fijación unilateral de precios de referencia fiscal en 1970 por iniciativa del diputado Arturo Hernández Grisanti, bajo la presidencia de Rafael Caldera (1969 – 1974).
• La Ley de Reversión Petrolera (1971), por iniciativa del diputado Álvaro Silva Calderón. 
• La Ley que establece el Fondo destinado a la investigación en materia de Hidrocarburos y Formación del Personal Técnico para la Industria de dichas Sustancias (FONINVES – 1972). 
• La Ley que Reserva al Estado de la Industria del Gas Natural (1972), 
• La Ley que Reserva al Estado el Mercado Interno de los Hidrocarburos (1973) 

De manera que la nacionalización no fue nunca un hecho improvisado, aislado, casuístico o desordenado, sino una decisión consciente, responsable y largamente meditada, forjada a lo largo de varias décadas dentro de un proceso de maduración institucional, técnica y profesional, el cual fue parte integral de la instauración de un régimen democrático en Venezuela y la desaparición de la Venezuela rural de caudillos y asonadas militares que tanto daño infringieron al papis durante el siglo XIX y primeros años del XX (el autor tiene consciencia de la diferenciación entre nacionalización y estatización; pero no ahondaremos en este tema, por lo pronto). 

En diversas ocasiones escuchamos señalar a líderes políticos y legisladores prestigiosos de diversos partidos, que si en algún campo de la gestión pública Venezuela contó con una Política de Estado, que trascendió gobiernos y superó extremismos ideológicos, fue en el área petrolera. Los estadistas venezolanos no escogieron nacionalizar la industria, como lo hicieron México (1938) e Irán (1951), sino llevar a efecto un proceso gradual y progresivo de pequeños avances en la ruta hacia el control nacional de su primera riqueza y el dominio industrial de la gerencia y la operación del negocio de los hidrocarburos. 

Para el momento en que se promulgó la Ley de Nacionalización y se fundó PDVSA, Venezuela estaba madura para acometer exitosamente tamaña responsabilidad. Si bien eventos geopolíticos, como la Guerra del Yom Kippur en 1973 o las condiciones auspiciosas del mercado petrolero internacional, facilitaron o aceleraron el proceso, lo cierto es que en aquel entonces tenía poco sentido esperar el año 1983 para la extinción de las concesiones petroleras otorgadas conforme a la Ley de Hidrocarburos de 1943, así como las concedidas por el Gral. Marcos Pérez Jiménez (1956 y 1957). 

Se estima que alrededor del 98% del personal directivo, profesional, técnico y obrero de la industria ya era venezolano, y el 2% restante, casi en su totalidad, ya había echado raíces en Venezuela. Una minúscula cantidad de expatriados regresó a sus países de origen. Y, aunque podría ser polémica la siguiente afirmación, debemos reconocer que mediante sus políticas corporativas de venezolanización, fueron las propias transnacionales petroleras las que reclutaron, entrenaron y desarrollaron el capital humano que, mediante altos estándares de formación técnica y competencias gerenciales y operacionales, pudieron asumir la dirección de la industria a todos los niveles jerárquicos, desde los obreros hasta los presidentes de empresa y sus juntas directivas. 

La designación de un gerente público de aquilatados méritos profesionales y éticos en la presidencia de PDVSA, como el Gral. Rafael Alfonzo Ravard (artífice del desarrollo de las empresas mineras de Guayana desde los años 50), no solamente tranquilizó a quienes, con comprensible razón, advertían temores sobre la posible politización de la industria nacionalizada, sino que su nombramiento constituyó un claro e inequívoco mensaje a la comunidad internacional y a los mercados internacionales de capital, de que Venezuela mantendría lo que el Gral. Alfonzo denominó “continuidad operativa,” preservando el capital social de su principal industria y manteniendo los mismos criterios de gerencia técnica y profesional con los cuales las exconcesionarias gestionaron el negocio de los hidrocarburos. 

No menos calificaciones poseían los demás miembros del directorio fundacional: Benito Raúl Losada, Julio Sosa Rodríguez, Carlos Guillermo Rangel, Julio César Arreaza, Alirio Parra, José Rafael Domínguez, José Domingo Casanova, Edgar Leal, Gustavo Coronel, Luis Plaz Bruzual y José Martorano Batisti, además de los líderes sindicales Manuel Peñalver y Raúl Henríquez. El jurista Andrés Aguilar, ex ministro de Justicia y más tarde magistrado de la Corte Internacional de La Haya, fue el primer consultor jurídico, y Pablo Reimpell, el coordinador de Finanzas. 

LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS NUNCA DEJARON DE INVERTIR

Se ha sostenido con insistencia que la política de no más concesiones reimplantada por Betancourt y Pérez Alfonzo en su segundo mandato (1959 – 1964) y seguida por sus sucesores Raúl Leoni (1964 – 1969) y Rafael Caldera (1969 – 1974), dio lugar a un proceso de desinversión irreversible. Sin entrar a juzgar la justificación de dicha política (preservar las bajas reservas probadas de petróleo para futuras generaciones e inducir a las empresas concesionarias a invertir en las amplias áreas geológicas ya asignadas), la realidad demuestra que las empresas petroleras internacionales nunca dejaron de invertir. Desaceleraron sus inversiones; pero no las detuvieron, prácticamente hasta que tuvo lugar la promulgación de la Ley de Nacionalización en 1975.

El ejemplo más ilustrativo es que La producción de petróleo crudo no dejó de subir durante los períodos constitucionales de Betancourt, Leoni y Caldera. La seguridad jurídica garantizada por el Estado a las empresas concesionarias fue clave en el mantenimiento, aunque menor en montos, de los desembolsos por inversión. Mencionemos sólo algunos ejemplos: hubo varios descubrimientos de campos gigantes, como Lamar en el Campo Costanero Bolívar del Zulia y Morichal en Monagas, ambos descubiertos por la empresa Phillips. Shell incrementó la perforación de pozos por recuperación secundaria y creó Shell Química de Venezuela, incursionando en la industria petroquímica. Mobil puso en operación la nueva refinería El Palito en Morón, Estado Carabobo (Grisanti (2020): Los 60 años de la CVP, La CVP gasificó el país (1964 – 1969), La CVP en la Faja del Orinoco (1969 – 1974), Petroguía, 16.05.20, 27.05.20 y 15.06.20, respectivamente). 

Durante el mandato del presidente Leoni, las empresas concesionarias realizaron hallazgos geológicos de relevancia: un nuevo campo de Shell en Lagunillas, el campo Bombal en Delta Amacuro (Texas), el pozo Páez – 4 en Barinas (Varco), en tanto que Signa halló petróleo en Campo Centro en el Estado Zulia. En paralelo, el Congreso Nacional sancionó una reforma de la Ley de Hidrocarburos que facultó al Ejecutivo Nacional a negociar y suscribir contratos de servicio con las empresas concesionarias bajo términos y condiciones mejores que las entonces vigentes concesiones. La firma de varios de ellos fue evidencia de que los inversionistas confiaban en la seguridad jurídica que ofrecía Venezuela, aun cuando los éxitos exploratorios fueron parciales.    

Durante la primera administración del presidente Caldera, Shell construyó el complejo de desulfuración de la refinería de Cardón y, junto con la CVP, puso en operación la nueva planta de reinyección de gas Lagogas II, en tanto que Chevron inauguró una planta de fraccionamiento de gases líquidos del petróleo (GLP) en la refinería de Bajo Grande. Por su parte, el Congreso Nacional aprobó los términos de contratación de los primeros contratos de servicio para cinco bloques del sur del Lago de Maracaibo. Mobil logró un descubrimiento en el campo de crudo extra – liviano Aguasay (Monagas) y procedió a perforar en Campo Centro (Zulia), el primer pozo de acuerdo con su contrato de servicio. Phillips realizó un programa de recuperación secundaria en el campo Morichal (Monagas), mientras que Occidental halló un campo nuevo y otro de condensados en su primera perforación al sur del Lago de Maracaibo (Campo Lamar), dentro de su propio contrato de servicio y Shell registró la empresa Shell – Surca para operar el suyo.  

PRIMEROS RETOS: GOBERNANZA, PLANIFICACIÓN, FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL 

Creemos que fueron fundamentalmente cuatro los principales desafíos que debió afrontar la recién creada compañía estatal PDVSA, desde el día uno. El primero de ellos fue contar con una gobernanza o estructura de gobierno corporativo que no sólo respondiera a la necesidad de coordinar las actividades de sus empresas filiales operadoras, sino liderar y dirigir una industria cuyas directrices provenían antes de casas matrices ubicadas en otras partes del mundo. Afortunadamente, el directorio fundacional de PDVSA comenzó a actuar cuatro meses antes del traspaso oficial de operaciones, el 1ro de enero de 1976. 

No había y ni podía haber una visión de conjunto de la nueva corporación y esta debió desarrollarla a partir de un archipiélago de catorce (14) empresas filiales (Lagoven, Maraven, Deltaven, Menegrande, CVP, etc.), que pronto fueron consolidadas en cuatro (Lagoven – exExxon, Maraven – exShell, Corpoven – exMobil, Texaco y CVP, entre otras, y Meneven – exMenegrande), y poco después en las primeras tres operadoras. Durante el período concesionario, aquellas respondían a la planificación y dirección estratégica y operativa de sus respectivas casas matrices en Houston, Londres, La Haya o Nueva York. El acierto de la nueva estructura organizacional fue casi inmediato, a pesar de que la nueva entidad superior tenía bajo su supervisión a poderosas compañías que tenían décadas operando conforme a las culturas corporativas arraigadas de las grandes transnacionales de hidrocarburos. 

El segundo desafío – y no fue de poca monta – fue organizar un equipo de profesionales en planificación estratégica que formulara los planes de negocio para el conjunto de la corporación, máxime cuando en los años ochenta se inició el proceso de internacionalización (integración vertical) con la adquisición de sistemas de refinación, distribución y mercadeo en los mercados de consumo en países desarrollados, fundamentalmente, Norteamérica y Europa, y, en los años 90, se activó la estrategia de Apertura Petrolera. La creación de las coordinaciones por actividad fue un gran acierto de la nueva estructura organizacional que se dio a sí misma la casa matriz (Planificación estratégica, Exploración y Producción, Refinación, Comercio Internacional y Suministro, Mercado Interno, etc.). 

El tercero de los retos fue el de constituir equipos de profesionales especializados en planificación estratégica y coordinación integral de suministro, optimizando las dietas de refinería, garantizando el suministro eficiente de combustibles al mercado interno y desarrollando una estrategia de comercialización internacional que procuró en aquellos primeros años privilegiar la venta a sistemas de refinación establecidos en los mercados de consumo y a consumidores finales y a la vez asegurar mediante contratos a plazo el acceso a mercados para nuestros petróleos crudos y productos refinados, especialmente los pesados y extrapesados, los cuales componían – y componen – el grueso de nuestras reservas de hidrocarburos. Las estrategias de fijación de precios de exportación, en consonancia con los precios establecidos por la OPEP, fue función esencial de dichos equipos. 

Las empresas transnacionales también realizaban el mercadeo internacional del petróleo venezolano desde sus casas matrices, a excepción Shell de Venezuela, que si comenzó a formar especialistas en este ramo (el autor de este artículo formó parte de la primera generación de profesionales entrenados en el área de comercio internacional y planificación estratégica, tanto en PDVSA como en sus filiales Lagoven, Maraven y Corpoven). 

El cuarto reto lo representó la necesidad de formar equipos profesionales en el área de las finanzas corporativas, debido, igualmente, a que las estrategias de financiación eran gestionadas desde las casas matrices y los equipos venezolanos o extranjeros de las trasnacionales estaban dedicados más a la administración financiera interna. Fue así como PDVSA y las tres filiales operadoras fueron preparando profesionales capaces de formular planes de finanzas corporativas y proyectos de inversión, incluyendo la salida a los mercados internacionales de capital, la emisión de títulos valores en esos mercados, la negociación de convenios de financiación internacional, las relaciones con la banca corporativa global y el financiamiento de mega – proyectos, como los negociados para el desarrollo y construcción de las cuatro asociaciones estratégicas de la Faja del Orinoco y sus mejoradores (convenios de asociación conforme al artículo 5to. de la Ley de Nacionalización: Cerro Negro, Sincor, Petrozuata y Ameriven). 

LOGROS PRINCIPALES DE LA INDUSTRIA PETROLERA NACIONALIZADA 

Es necesario señalar que una empresa petrolera estatal, como PDVSA, no tiene la flexibilidad corporativa para actuar como una corporación privada, cotizada o no en las bolsas de valores del mundo. Estas últimas, no obstante, están sometidas a un riguroso control, no sólo de sus Estados de origen, por medio de leyes e instituciones regulatorias, sino por sus miles de accionistas, bancos de inversión y comerciales, mercados de capital, organizaciones no gubernamentales de ambientalistas, contratistas, consumidores, medios de comunicación y la opinión pública en general. Este control social se ha acrecentado a lo largo de décadas, sin restarles necesariamente la flexibilidad ni la autonomía para planificar y ejecutar sus planes de negocios, reclutar y entrenar sus recursos humanos, generar dividendos para sus accionistas, innovar e introducir nuevas tecnologías, optimizar sus procesos productivos, aplicar criterios de eficiencia en sus estructuras de costos y gastos, maximizar su rentabilidad y crear valor para la economía y la sociedad. 

Una empresa estatal tiene limitaciones para operar enteramente como una empresa privada, porque su accionista es el Estado y por medio de éste se redistribuye o retribuye a la sociedad el fruto de su producción por medio de impuestos, regalías y contribuciones parafiscales. Este hecho es particularmente pertinente para las compañías estatales de hidrocarburos por la elevada renta que estas generan. En la industria se les conoce como compañías petroleras nacionales (National Oil Companis – NOCs). 

Pero el Estado como accionista debe velar también por su solidez y sostenibilidad financieras, su productividad competitiva y su talento humano, sin descapitalizarla con una presión tributaria que puede llegar a ser confiscatoria, al despojarla de un flujo de caja positivo que le permita, luego de cancelar impuestos y regalías y cubrir sus costos y gastos (OPEX), acometer las inversiones en capital fijo (CAPEX) que requiera para mantener e incrementar su capacidad de producción, mejorar continuamente su rendimientos y sus resultados operacionales y financieros, brindar mantenimiento debido a sus infraestructuras y continuar contribuyendo al crecimiento y desarrollo sostenible de la nación a la cual pertenece. 

Los principios precitados fueron los que prevalecieron desde que la industria pasó s ser estatal. Hubo, en términos generales, un razonable equilibrio entre el Estado, siempre urgido de ingresos fiscales, y PDVSA, necesitada de un flujo de caja positivo para ejecutar sus planes de inversión, a excepción de la desacertada decisión del entonces presidente del Banco Central de Venezuela, Leopoldo Díaz Bruzual, de confiscar el fondo de inversión de la casa matriz, el cual ascendía a alrededor de US$ 7.000 millones a principios de los años ochenta (unos cuatro veces más hoy). 

Esos principios de sana administración financiera permitieron a PDVSA cumplir con sus obligaciones con el Estado y a su vez desarrollar sus planes de negocio y crear valor para la economía venezolana, sin comprometer su capacidad de producción, ni endeudarla excesivamente. Dentro de ese nunca fácil equilibrio entre el Estado y su empresa estatal, podríamos citar los siguientes hitos o logros del sector petrolero nacional conforme a los lineamientos de política petrolera dictados por el entonces Ministerio de Energía y Minas, y ejecutados por la casa matriz y sus empresas filiales, a saber: 

• La inversión en exploración y producción con miras a incrementar la capacidad extractiva de petróleo crudo y gas natural.
• El desarrollo de nuevas áreas de producción, como el campo gigante de El Furrial en el Estado Monagas. 
• Los cambios en los patrones de refinación de las refinerías nacionales, especialmente, las de Amuay y Cardón, al incorporar instalaciones de mayor sofisticación tecnológica y unidades de conversión profunda, generando productos refinados de mayor valor y disminuyendo aquellos de menor valor como los combustibles residuales. 
• La consolidación del Instituto Venezolano de Investigaciones Tecnológica (INTEVEP) como órgano central de investigación y desarrollo, logrando más de mil patentes internacionales. 
• El descubrimiento de campos gigantes de gas natural costa afuera en el norte de Paria (Proyecto Critóbal Colón, más tarde rebautizado Mariscal Sucre). 
• El desarrollo y monetización de las reservas de la Faja del Orinoco, con la construcción de cuatro asociaciones estratégicas y sus respectivas estructuras de producción y mejoradores. 
• La formación de especialistas y negociadores en las áreas de planificación estratégica, comercio internacional y finanzas corporativas. 
• La asociación con empresas petroleras internacionales y nacionales privadas en los convenios de servicios operativos, asociaciones estratégicas y convenios de exploración a riesgo y ganancias compartidas, las cuales aportaron más de US$ 25 mil millones de dólares para un incremento en la producción nacional de alrededor de 1,2 millones de barriles diarios y un ingente volumen de gas natural asociado. 
• Las externalidades positivas aportadas por los socios internacionales en materia de transferencia de tecnologías y destrezas técnicas y gerenciales, formación de talento humano venezolano, optimización y eficiencia de procesos, mejores prácticas de higiene, seguridad y ambiente, e inversión y responsabilidad social. Estas empresas socias de PDVSA se agrupan en la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos – AVHI, fundada en 2003. 
• La formación de capital nacional desarrollada por las empresas de servicios pertenecientes a la Cámara Petrolera de Venezuela – CPV, la cual, junto con la AVHI y la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas – AVPG, integran el contingente de empresas que, junto con PDVSA, constituyen el capital social de la industria venezolana de los hidrocarburos.  

LOS PRÓXIMOS 50 AÑOS: HACIA LA VALORACIÓN PETROQUÍMICA  

El contexto geopolítico, económico, social y tecnológico internacional se ha transformado profundamente en comparación con el existente hace medio siglo. Si bien la nacionalización petrolera fue positiva para Venezuela en el contexto histórico de 1975, los desafíos de la energía y los hidrocarburos en las décadas por venir son enormes y de características totalmente distintas. 

La III y la IV Revolución Industrial y la Inteligencia Artificial nos imponen repensar nuestro modelo de desarrollo, el cual no puede seguir siendo rentístico, ni estatista, ni fiscalista en la era de la sociedad del conocimiento, la robótica, el internet de las cosas y los centros de data. El extractivismo rentístico que se insertó como una bacteria en las instituciones del Estado y en la sociedad civil venezolana durante las bonanzas petroleras de las últimas cinco décadas, nos condena al subdesarrollo perpetuo, al impedirnos superar la Maldición de los Recursos y la Enfermedad Holandesa. La transición energética y la descarbonización mundial debe conducirnos a un modelo de desarrollo despojado del Petro – Estado y de nuestra conducta colectiva de caza – rentistas. 

Los factores que hicieron exitosa la nacionalización en 1975 nos aportan los elementos de la reactivación sostenible de nuestras industrias energéticas dentro de un equilibrio sano entre el desarrollo de la economía petrolera y la no petrolera: seguridad jurídica; marco regulatorio estable y atractivo; modelo de negocios equitativo para el Estado y el sector empresarial privado; gerencia profesional y talento humano; socios trasparentes y tecnológicamente aptos; tributación competitiva; rentabilidad razonable; productividad acorde con las mejores prácticas internacionales; altos estándares de higiene, seguridad y ambiente; inversión social y responsabilidad social corporativa y, sobre todo ello: creciente valor agregado del petróleo y el gas en usos no energéticos, como la industria química y petroquímica.