Entregado a Global Energy, junio de 2021

El rescate de los principios y la ética no puede administrarse por decreto

Luis Vielma Lobo (*)

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Desde el inicio de su administración, el Presidente ha venido insistiendo en el tema de enfrentar y acabar con la corrupción y los vicios enquistados en el sistema político-institucional y en el ámbito empresarial; vicios que tanto daño han hecho al país en general, y han afectado sectores de la población de recursos limitados o sin recursos, los cuales representan una responsabilidad para cualquier tipo de gobierno, independientemente de la ideología que estos puedan profesar.

También desde el comienzo de esta gestión gubernamental se ha insistido en la necesidad de hacer más transparente la administración de las instituciones y empresas del Estado buscando equilibrios o balance en el uso de las partidas presupuestarias y las prioridades en el uso de estas. En algunas instituciones se pudo comprobar la excesiva burocracia, es decir, el uso de un número mayor de empleados o trabajadores de los que realmente ellas requieren, y se tomaron acciones para mejorar la productividad de estas.

El sector privado no escapa a esta necesidad de revisar los preceptos de ética y principios que gobierna el desempeño de cualquier organización. Casos como las negociaciones de algunas plantas de Pemex en México, el de la empresa brasileña Odebrecht -quizás el más sonado y reciente en Latinoamérica-, y globalmente las ventajas que los grandes corporativos se han tomado en muchos países en los cuales tienen operaciones, son una pequeña muestra de la manera en que se han ido perdiendo los fundamentos morales que deben sustentar el desempeño organizacional y las sanas prácticas comerciales.

Pero a lo largo de la historia, la ética y los principios se han ido convirtiendo en flexibles o situacionales, tal como lo expresó Julius “Groucho” Marx, el famoso comediante americano de gran poder de influencia comunicacional en la década de los años 60 y 70: “Estos son mis principios; pero si no le gustan tengo otros”, decía de manera jocosa. Esta frase célebre contiene un extraordinario mensaje vigente aún en estos tiempos, donde el deseo por tener cualquier cosa a cualquier precio, parece ser la conducta que priva entre un creciente número de jóvenes y adultos.

La industria petrolera no está exenta de estas situaciones de flexibilidad en los principios y ética, y desde su comienzo, unos cuantos pioneros utilizaron el poder del dinero para lograr permisos, licencias y concesiones a lo largo y ancho de esta aldea global. En la medida en que los países poseedores de minerales e hidrocarburos fueron estableciendo leyes, normas y procedimientos, estas malas prácticas fueron disminuyendo, pero, hasta el día de hoy, no han desaparecido del todo. Las mismas se extendieron desde los temas financieros y de pagos indebidos, hasta otros asuntos torales de la industria, tal como la certificación de reservas de hidrocarburos, en las cuales muchas empresas muestran registros que están muy por encima de lo que realmente disponen.

Hay una experiencia aleccionadora de la compañía Shell Oil, ocurrida en el año 2004, cuyo anuncio de revisión y disminución de reservas sacudieron al mundo financiero, a las bolsas y al mundo corporativo, cuando declararon que sus reservas habían sido infladas en 4,400 millones de barriles por malas prácticas técnicas y falta de ética intelectual de la organización responsable de este proceso. Esta situación afectó mucho la imagen y reputación de la empresa y tuvo sus consecuencias en una fuerte caída del valor de sus acciones en las bolsas del mundo, impactando los intereses de sus accionistas.

El caso de la Corporación Enron, fundada en el año 1985, y que llegó a superar los 100 mil millones de dólares de ingresos, con activos superiores a los 65 mil millones de dólares y más de 20 mil empleados al final de la década de los años 90 fue muy notorio. Esta corporación, que se inició en el negocio de la administración de gasoductos dentro de los Estados Unidos, expandió sus operaciones al desarrollo, construcción y operación de gasoductos y plantas de energía a nivel mundial, ganando una gran reputación internacional y siendo seleccionada por cinco años consecutivos como la empresa más innovadora de la industria por la famosa revista Fortune. Sin embargo, dicha reputación comenzó a decaer, al descubrirse que pagaba sobornos y llevaba a cabo tráfico de influencias políticas para la obtención de contratos en varios países alrededor del mundo. En auditorías realizadas, en su oportunidad, se detectaron una serie de prácticas contables fraudulentas, las cuales habían sido avaladas por la empresa Arthur Andersen LLP, que realizaba sus procesos de auditoría interna, convirtiéndose en el mayor fraude empresarial conocido, sobre todo de violación de principios y ética, dentro de la industria de los hidrocarburos a nivel mundial hasta ese año 2001, antes de conocerse el caso Odebrecht.

Otra empresa que ha enfrentado muchos problemas, asociados a principios y ética en temas de seguridad y protección ambiental, específicamente, es British Petroleum (BP), pues varias de sus refinerías en Estados Unidos han sufrido accidentes por fallas en sistemas y procedimientos de trabajo y, en algunos casos, ausencia de supervisión estricta en prácticas operativas, ocasionando la muerte de trabajadores y generando daños ambientales de gran impacto por falta de responsabilidad de quienes ejercían su dirección.

De modo que el tema en cuestión merece traerlo a la atención porque hoy en día, en muchas organizaciones, cualquier opción es considerada buena -por decir lo menos- para justificar el logro de un permiso por adjudicación directa, evitando en lo posible competir en procesos abiertos de licitación. Las empresas nacionales, como Pemex, tienen una gran responsabilidad en proteger sus principios y valores éticos desde el punto de vista organizacional, pero también desde lo personal, y para ello establecer normas y prácticas estrictas que sancionen cualquier acción que viole estos sanos preceptos.

De allí la importancia de rescatar esos principios que no pueden ser administrados por decretos, desde la presidencia o las direcciones más altas en las instituciones, sino que deben contar con el respaldo absoluto de todos los niveles jerárquicos, así como contar con formas efectivas que envíen mensajes precisos y contundentes a quienes piensen o quieran mantener esas prácticas tan dañinas. Del mismo modo, debe convocarse a los altos directivos de las empresas internacionales actuando en el país -tanto operadoras como de servicios- para establecer una relación de principios y ética con base en pactos de transparencia, códigos de conducta y compromisos; igualmente, buscar el apoyo de los gremios profesionales, cuya membresía la componen profesionales de la industria que trabajan en esas empresas. Igualmente, es menester considerar la necesidad de que cada trabajador firme un compromiso de transparencia individual, que destaque claramente las penalizaciones a la que se expone al violar los preceptos de principios y ética profesional.

En la década de los años noventa el Doctor Stephen Covey, sacudió al mundo empresarial al poner sobre la mesa sus conceptos de “Liderazgo basado en principios” recordándonos, que cualquier actividad que desarrollemos debe estar sustentada en los principios y la ética personal. Ese compromiso comienza con el individuo, luego se trasmite a su entorno, es decir, colegas, supervisados y supervisores, y de allí se extiende a toda la organización, convirtiéndose así en prácticas de trabajo que norman para cualquier miembro de esta. Recordemos que la ética es un componente fundamental en la construcción de la cultura organizacional, la cual sustenta las sanas prácticas de gobernabilidad corporativa.

Así que está en cada uno de nosotros cambiar, y en los organismos gubernamentales apoyar estos procesos de transparencia en las relaciones profesionales y comerciales, cerrando las puertas a personas culpables de delitos por falta de principios y ética, pues no hacerlo significa sumarse a ese grupo de individuos que administra sus principios éticos, de acuerdo con la situación del momento, tal como lo decía, y muy seriamente -en mi humilde criterio- el gran “Groucho” Marx.

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(*) Luis Vielma Lobo, es Director General de CBMX Servicios de Ingeniería Petrolera, Director del Centro Integral de Desarrollo del Talento (CIDT); colaborador de opinión en varios medios especializados en energía, Autor de los libros: “Testigo de mi tiempo” (2014), “México momentos y opiniones” (2015) y de las novelas “Chapopote, Ficción histórica del petróleo en México” (2016) y “Argentum: vida y muerte tras las minas” (2019).