| El nuevo Presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden firmó, el pasado 25 de enero de 2021, un Decreto (Orden Ejecutiva) denominada Buy American (Compre Americano), que busca impulsar la adquisición, por parte del Gobierno, de bienes y servicios producidos en USA, atendiendo a las demandas de medianas y pequeñas empresas seriamente afectadas por la pandemia del COVID-19.
Como señala la Voz de América (VOA), esta medida tiene sus antecedentes en la Ley Buy American (Compre Americano),aprobada en 1933, durante el gobierno del Presidente Hoover, para aliviar la crisis económica que había generado la Gran Depresión.
El decreto de Biden busca lograr una rápida reactivación de la economía norteamericana, la recuperación de los empleos perdidos y estimular el retorno de las empresas que habían radicado su producción en el exterior.
Para asegurar la efectividad en el cumplimiento de la medida, se prevé la fiscalización de la misma a través de una nueva “Oficina Made in América” dependiente de la Oficina de Administración y Presupuesto del Estado Norteamericano. Cada ente contratante del gobierno federal deberá reportar ante esa oficina el cumplimiento de ese decreto y solicitar alguna exención especial previa, en caso que le sea imposible cumplirlo. Este decreto se aplicará a las compras de bienes y servicios del gobierno federal, que se estiman en US$ 600.000 millones al año. Este decreto está en concordancia con la iniciativa America First(Primero América) impulsada por el expresidente Donald Trump durante su gobierno, que incrementó los aranceles e impuestos a productos y servicios importados de Asia y Europa, para mejorar la competitividad de la producción interna.
Así vemos, que los países más desarrollados (EEUU, UE, China, Japón, Canada, etc.) que promueven la globalización y el libre comercio internacional, no dudan en aplicar medidas proteccionistas para apoyar a sus empresas nacionales. Como hemos señalado en otros artículos en este medio, en Venezuela las organizaciones empresariales, en especial la Cámara Petrolera de Venezuela, han planteado durante varias décadas ante el Estado venezolano la necesidad de establecer políticas públicas y normativas que favorezcan la adquisición de bienes y servicios de producción nacional, que permitan además la generación de empleo sustentable y de calidad.
El 8 de octubre de 1980, en el primer año del gobierno de Luís Herrera Campíns, fue publicado en la Gaceta Oficial No. 32.329, un decreto con la consigna “Compre Venezolano“, cuyo objetivo era promover la contratación de obras, bienes y servicios producidos por empresas venezolanas. Sin embargo, el mismo no tuvo la fiscalización y control necesario para asegurar su cumplimiento y efectividad. En gobiernos posteriores, ante la insistencia de las organizaciones empresariales, se promulgaron normativas para promover la contratación con empresas nacionales y reducir las importaciones de bienes y servicios que se producían en el país, sin que se alcanzaran los objetivos y metas planteados.
Actualmente, más que nunca, Venezuela necesita que el Estado promueva la participación y contenido nacional en las actividades económicas del país; para esto, se requiere pensar nuevamente en “Comprar Venezolano“, establecer normativas que aseguren la transparencia y competencia en las contrataciones, que se ofrezca seguridad jurídica y garantías de cumplimiento oportuno de los compromisos de pagos, a precios justos, de los bienes y servicios de producción nacional. También el Estado debe garantizar el acceso a los servicios públicos (agua, electricidad, combustibles, transporte, telecomunicaciones, seguridad, etc.), para apoyar la competitividad del sector productivo nacional.
Estos cambios en políticas públicas, económicas y fiscales, permitirán recuperar la economía nacional, generar confianza para fomentar el desarrollo empresarial, crear más empleos, ahorrar divisas, incrementar el ingreso fiscal (mediante el pago de impuestos justos), mejorar el nivel de autoabastecimiento, el bienestar de los venezolanos y avanzar hacia un modelo de País productivo y no rentista. |
