Mar 31, 2021
Biden presionado para que revoque
la decisión del Keystone XL
21 Estados de la Unión demandaron al presidente Joe Biden y a su administración para que revoque su decisión de concelar el permiso del proyecto del oleoducto transfronterizo de crudo Keystone XL.
Los Estados, encabezados por Texas y Montana, argumentan que Biden no tiene autoridad legal para su decisión, en una denuncia presentada en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, quienes le exigen al tribunal que determine que la decisión de Biden es ilegal.
La acción de Biden detuvo el proyecto después que se construyó el segmento de 1.2 millas en el cruce fronterizo Canadá-Montana, pero antes de que las 882 millas de línea pudieran construirse desde allí hasta una conexión de tubería en Steele City, Nebraska. Desde Steele City, una línea existente habría llevado el petróleo al oleoducto en Cushing, Oklahoma.
Disposición de permisos
En su Orden Ejecutiva, el presidente Joe Biden citó cuestiones de política ambiental, pero como un asunto de derecho, su decisión se basó en una disposición en el permiso del 2019 otorgado por la administración Trump para el cruce fronterizo del gasoducto. Esa disposición le dio al presidente “discreción exclusiva” para revocar el permiso.
Los Estados demandantes no conocen ningún principio de ley que le permita al presidente arrogarse el poder a sí mismo a través de algún tipo de un contrato con una parte privada.
La sección 501 de una Ley del 2011 requería que el presidente concediera la solicitud de TC Energy para construir y operar el cruce fronterizo Keystone XL o informar al Congreso por qué creía que el proyecto no servía al interés nacional dentro de los 60 días posteriores a la promulgación de la ley.
Como no parece haber otro estatuto que autorice al Ejecutivo a aprobar o denegar Keystone XL, los Estados demandantes alegan que ellos conservan el poder de aprobar la ubicación de oleoductos dentro de su territorio soberano
Impactos económicos
La Orden de Biden eliminó alrededor de 1,000 puestos de trabajo existentes en la construcción y 10,000 trabajos estimados adicionales que se esperaban para la construcción de las tuberías. Los Estados demandantes enfatizaron los amplios impactos económicos de la decisión, incluidos empleos, oportunidades comerciales e ingresos del gobierno Estatal.
La demanda especifica que “La revocación del permiso Keystone XL costará a los Estados demandantes y sus comunidades decenas de millones de dólares en ingresos fiscales anuales de los reguladores, residentes y empresas que facilitarán la refinación, el transporte y la exportación de petróleo crudo que sería trasladado y entregado por Keystone XL ”
Además de Texas y Montana, los otros Estados demandantes son Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia, Kansas, Kentucky, Indiana, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, West Virginia, y Wyoming.
